Una auténtica masacre ensangrentó Nicaragua desde abril a agosto de 2018.

Entre los meses de abril y mayo de ese año la población se adueñó de las calles de todo el país mientras el régimen se preparaba para aplastar las protestas a sangre y fuego; lo que hizo en el mes de agosto.
Así, desde septiembre de año pasado Nicaragua sufre un estado de excepción o un estado de sitio de facto y el derramamiento de de sangre no cesa.

Ahora la masacre es por goteo.
“¡Vamos con todo!” fue la orden que dio el régimen el 19 de abril para aniquilar unas inesperadas protestas de jóvenes estudiantes; y se desató la matanza. Desde el primer momento la ejecutaron policías antidisturbios que usaron armas de guerra.

Muy pronto se les unieron fuerzas parapoliciales y paramilitares, hombres vestidos de civil y a menudo encapuchados.

El saldo de esos meses de horror, elaborado al detalle por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y ratificado por los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es de 328 muertos, entre ellos 28 policías, que también suman a la cuenta del régimen que los mandó a matar o a morir.

El número de heridos ha sido más difícil de precisar. ¿Dos mil…? ¿Más…? ¿Cuántos de ellos con discapacidades de por vida? Y aunque hay indicios de desapariciones forzosas, y pruebas de que hubo cárceles clandestinas en donde se torturaba brutalmente, la cifra de los desaparecidos no logra aún precisarse.

Analizando la etapa entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, el Grupo interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que estuvo trabajando in situ hasta su expulsión en diciembre de 2018, estableció que en Nicaragua el Estado ha cometido “crímenes de lesa humanidad” que pueden ser juzgados en tribunales internacionales.
El informe que produjo el GIEI es lo más cercano al de una “comisión de la verdad”.

El número de personas capturadas en los meses más duros, sin que se respetaran los procedimientos legales, llegó a ser de más de 800 detenciones arbitrarias. La tortura y el abuso sexual, tanto contra mujeres como contra hombres, fueron instrumentos generalizados en los penales de todo el país.

Hay evidencias de choques eléctricos, uñas arrancadas, asfixia, golpizas, aislamiento, agua contaminada, alimentos podridos y/o envenenados, entre otros métodos. Decenas de capturados fueron juzgados y condenados en procesos judiciales totalmente viciados.

La excarcelación de casi 500 presos políticos en los primeros meses de 2019 fue una “concesión” de la dictadura, presionada internacionalmente; una medida conveniente para fingir que estaba abierto al diálogo y a la negociación de cara a los encuentros que sostuvo con la oposición en los meses de febrero a julio de 2019, en los que se firmaron acuerdos que nunca se han cumplido. Aún permanecen encarcelados 129 hombres y una mujer.

En Nicaragua, la represión por parte de agentes del régimen de Ortega- Murillo no ha cesado ni un solo día desde el 18 de abril de 2018. Ninguno de los excarcelados en 2019 ha sido verdaderamente liberado - tal como fue el compromiso firmado - porque sus expedientes siguen abiertos. Y se les asedia y acosa permanentemente en sus casas y en sus comunidades.

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